El Canal es Panamá
Año 7. Edición número 298. Domingo 2 de Febrero de 2014
La española Sacyr presiona para cobrar más por la
ampliación de la vía interoceánica, sin registrar las energías
nacionalistas que moviliza en el istmo.
Si en las reuniones de último momento pautadas para hoy domingo
entre el consorcio de empresas responsables por la ampliación del Canal
de Panamá, la aseguradora Zurich y las autoridades administrativas de la
vía de navegación no se llega a un acuerdo sobre las demandas
empresarias por los mayores costos de las obras, a partir de mañana las
mismas se suspenderán, dañando seriamente la imagen del presidente
Ricardo Martinelli y las aspiraciones de su esposa, Marta Linares, de
llegar a la vicepresidencia de la República secundando al candidato del
oficialista Centro Democrático (CD), José D. Arias, en las elecciones
del próximo 4 de mayo. No obstante, ni los empresarios españoles ni la
corrupta elite política del país están evaluando realistamente la
potencia de las energías nacionalistas que cualquier conflicto en torno
del Canal despierta en el pueblo panameño.
Después de la reunión entre las partes del pasado miércoles 29, el presidente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autárquico responsable por la operatoria de la vía, Jorge Luis Quijano, señaló que las propuestas se mantienen sin cambios. Mientras tanto, los trabajos continúan a un 25% de su capacidad. La crisis en la obra del tercer juego de esclusas estalló justo hace un mes, cuando el consorcio Grupo Unido por el Canal de Panamá (GUPC), integrado por la española Sacyr, la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (CUSA), envió un preaviso de paralización de las obras, si la ACP no admitía sobrecostos en la obra por 1.600 millones de dólares. Según GUPC, los sobrecostos se generaron por informes geológicos erróneos dados por la administración de la vía. El martes 28, la ACP ofreció un anticipo de 100 millones de dólares, pero GUPC pidió que fuera de 400 millones. El consorcio aportaría otros 100 millones. Esta semana trascendió en Panamá que Impregilo propuso que el Canal le adelante 1.000 millones de dólares para continuar la obra, pero esta demanda fue calificada por Jorge Quijano como “inaceptable”.
La ampliación del canal, calculada en 5.200 millones dólares –de los cuales 3.200 millones son para un tercer juego de esclusas– comenzó en 2009 y debía terminar este año, en el centenario de la vía, pero presenta un atraso de nueve meses y concluiría en junio de 2015. La obra en total tiene un avance del 72% y en las esclusas, de 62%. Sin embargo, el ritmo de construcción ha bajado considerablemente desde la advertencia de suspensión. La ACP ha reiterado que está en capacidad de culminarla, si GUPC cumple su amenaza de abandonar el proyecto.
Mientras tanto, la autoridad canalera continúa reiterando su exigencia de que cualquier acuerdo se logre en función de lo que establece la ley, los reglamentos y el contrato entre las partes. Las partes contratantes tampoco llegaron a un acuerdo, después de que la aseguradora del proyecto, el holding suizo Zurich presentó una propuesta de acuerdo y participó por primera vez en una reunión el pasado 20 de enero. La propuesta de la aseguradora pasaba, por un lado, por lograr financiación externa para costear la continuidad de la obra ofreciendo como garantía el propio seguro de la obra. Por otro lado, Zurich planteaba eximir al consorcio devolver a la Autoridad del Canal los anticipos recibidos, hasta que no se resuelvan los arbitrajes planteados sobre los sobrecostos del proyecto, según informó Europa Press.
A su vez, la ACP esgrime desde principios de año un “plan b”, para acabar las obras sin el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), pero se ha encontrado con la resistencia de Zurich. Según ACP la firma CH2MHill, que actúa como su consultora y asesora, podría asumir la obra. Se trata de una consultora especializada en obras hidráulicas, tratamiento de aguas y residuos así como energías renovables con sede en Englewood, Colorado. La oposición de Zurich, sin embargo, ha frenado ese “plan b”. La aseguradora no sólo se niega a desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares, sino que además ha dado a entender que, ante una ruptura unilateral de la ACP con el consorcio, no estaría dispuesta a garantizar sin más la terminación de la obra.
Zurich ya explicó a principios de enero a la ACP que consideraba improductivo enzarzarse en una batalla legal y abogaba por un pacto, al tiempo que “lamentaba la intransigencia de la ACP”, para llegar a una solución negociada. Sin un acuerdo, el Canal se arriesga a un retraso de tres a cinco años, según los árbitros que resuelven en primera instancia las reclamaciones. En caso de que GUPC pierda el contrato, tendría que ir devolviendo en los próximos meses anticipos recibidos por 780 millones de dólares, pero en virtud de la propuesta de Zurich no tendría que hacerlo, hasta que se resolvieran los procesos de arbitraje internacional abiertos.
Después de la reunión entre las partes del pasado miércoles 29, el presidente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), organismo autárquico responsable por la operatoria de la vía, Jorge Luis Quijano, señaló que las propuestas se mantienen sin cambios. Mientras tanto, los trabajos continúan a un 25% de su capacidad. La crisis en la obra del tercer juego de esclusas estalló justo hace un mes, cuando el consorcio Grupo Unido por el Canal de Panamá (GUPC), integrado por la española Sacyr, la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana, S.A. (CUSA), envió un preaviso de paralización de las obras, si la ACP no admitía sobrecostos en la obra por 1.600 millones de dólares. Según GUPC, los sobrecostos se generaron por informes geológicos erróneos dados por la administración de la vía. El martes 28, la ACP ofreció un anticipo de 100 millones de dólares, pero GUPC pidió que fuera de 400 millones. El consorcio aportaría otros 100 millones. Esta semana trascendió en Panamá que Impregilo propuso que el Canal le adelante 1.000 millones de dólares para continuar la obra, pero esta demanda fue calificada por Jorge Quijano como “inaceptable”.
La ampliación del canal, calculada en 5.200 millones dólares –de los cuales 3.200 millones son para un tercer juego de esclusas– comenzó en 2009 y debía terminar este año, en el centenario de la vía, pero presenta un atraso de nueve meses y concluiría en junio de 2015. La obra en total tiene un avance del 72% y en las esclusas, de 62%. Sin embargo, el ritmo de construcción ha bajado considerablemente desde la advertencia de suspensión. La ACP ha reiterado que está en capacidad de culminarla, si GUPC cumple su amenaza de abandonar el proyecto.
Mientras tanto, la autoridad canalera continúa reiterando su exigencia de que cualquier acuerdo se logre en función de lo que establece la ley, los reglamentos y el contrato entre las partes. Las partes contratantes tampoco llegaron a un acuerdo, después de que la aseguradora del proyecto, el holding suizo Zurich presentó una propuesta de acuerdo y participó por primera vez en una reunión el pasado 20 de enero. La propuesta de la aseguradora pasaba, por un lado, por lograr financiación externa para costear la continuidad de la obra ofreciendo como garantía el propio seguro de la obra. Por otro lado, Zurich planteaba eximir al consorcio devolver a la Autoridad del Canal los anticipos recibidos, hasta que no se resuelvan los arbitrajes planteados sobre los sobrecostos del proyecto, según informó Europa Press.
A su vez, la ACP esgrime desde principios de año un “plan b”, para acabar las obras sin el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), pero se ha encontrado con la resistencia de Zurich. Según ACP la firma CH2MHill, que actúa como su consultora y asesora, podría asumir la obra. Se trata de una consultora especializada en obras hidráulicas, tratamiento de aguas y residuos así como energías renovables con sede en Englewood, Colorado. La oposición de Zurich, sin embargo, ha frenado ese “plan b”. La aseguradora no sólo se niega a desembolsar la fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares, sino que además ha dado a entender que, ante una ruptura unilateral de la ACP con el consorcio, no estaría dispuesta a garantizar sin más la terminación de la obra.
Zurich ya explicó a principios de enero a la ACP que consideraba improductivo enzarzarse en una batalla legal y abogaba por un pacto, al tiempo que “lamentaba la intransigencia de la ACP”, para llegar a una solución negociada. Sin un acuerdo, el Canal se arriesga a un retraso de tres a cinco años, según los árbitros que resuelven en primera instancia las reclamaciones. En caso de que GUPC pierda el contrato, tendría que ir devolviendo en los próximos meses anticipos recibidos por 780 millones de dólares, pero en virtud de la propuesta de Zurich no tendría que hacerlo, hasta que se resolvieran los procesos de arbitraje internacional abiertos.
Maniobras por líneas interiores.
En ambos partidos hay fuertes
conflictos y competencias internas que la contraparte intenta
aprovechar. Carlo Corazza, portavoz del vicepresidente de la Comisión
Europea Antonio Tajani, quien aceptó actuar de mediador en el conflicto a
petición del consorcio, manifestó el pasado día 21 que “por el momento
es una situación delicada y difícil y estamos estudiando el dossier”. Es
que la española Sacyr pidió el respaldo de su socio belga y la Comisión
Europea y ahora contempla expulsar a la italiana Impregilo del
consorcio. A mediados de enero la ACP sostuvo una reunión con sólo tres
de los cuatro miembros del consorcio (Sacyr, Jan de Nul, Cusa) en la que
no hubo representación de la empresa italiana Impregilo.
Corazza explicó que el objetivo de la intervención del Ejecutivo comunitario en esta disputa es “facilitar la búsqueda de una solución”. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado una eventual mediación de la Comisión Europea, dado que el contrato del proyecto “tiene mecanismos de resolución de disputas y ninguno incluye la intervención de terceros”, según una breve declaración dada el pasado 22 de enero. El portavoz de la CE tampoco comentó si la solución que podría aportar Bruselas pasa por un nuevo respaldo financiero al proyecto a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya otorgó 500 millones al mismo en diciembre de 2008.
Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, atribuye el conflicto por las obras de ampliación del Canal a la situación financiera de Sacyr e Impregilo. “Esto pasa cuando uno se alía con dos que no tienen plata”, aseguró a El País de España la semana pasada durante el Foro Económico Mundial en Davos. Sus asesores sostienen que Sacyr e Impregilo tienen subcontratada buena parte de sus operaciones a empresas locales, “así que la rescisión del contrato no significaría un gran retraso”, aseveran.
Por su parte, una publicación del diario El Mundo de España, que no cita ninguna fuente directa, asegura que la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por su sigla en inglés) –organismo previsto en el contrato de ampliación del Canal presidido por el británico Peter Chapman– envió una carta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que le aconseja “apruebe una inyección masiva de liquidez, tal y como demandan las constructoras” (GUPC). Asegura que el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, busca llegar desesperadamente a una negociación “para no tener que devolver los 780 millones de dólares que la ACP le entregó como anticipo. El diario español reseña que la aseguradora Zurich también recomendó a Quijano que es prematuro “prescindir del consorcio europeo y defiende que la ACP brinde más liquidez al proyecto para que el consorcio de Sacyr termine la obra”.
Corazza explicó que el objetivo de la intervención del Ejecutivo comunitario en esta disputa es “facilitar la búsqueda de una solución”. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha rechazado una eventual mediación de la Comisión Europea, dado que el contrato del proyecto “tiene mecanismos de resolución de disputas y ninguno incluye la intervención de terceros”, según una breve declaración dada el pasado 22 de enero. El portavoz de la CE tampoco comentó si la solución que podría aportar Bruselas pasa por un nuevo respaldo financiero al proyecto a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya otorgó 500 millones al mismo en diciembre de 2008.
Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, atribuye el conflicto por las obras de ampliación del Canal a la situación financiera de Sacyr e Impregilo. “Esto pasa cuando uno se alía con dos que no tienen plata”, aseguró a El País de España la semana pasada durante el Foro Económico Mundial en Davos. Sus asesores sostienen que Sacyr e Impregilo tienen subcontratada buena parte de sus operaciones a empresas locales, “así que la rescisión del contrato no significaría un gran retraso”, aseveran.
Por su parte, una publicación del diario El Mundo de España, que no cita ninguna fuente directa, asegura que la Junta de Resolución de Disputas (DAB, por su sigla en inglés) –organismo previsto en el contrato de ampliación del Canal presidido por el británico Peter Chapman– envió una carta a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en la que le aconseja “apruebe una inyección masiva de liquidez, tal y como demandan las constructoras” (GUPC). Asegura que el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, busca llegar desesperadamente a una negociación “para no tener que devolver los 780 millones de dólares que la ACP le entregó como anticipo. El diario español reseña que la aseguradora Zurich también recomendó a Quijano que es prematuro “prescindir del consorcio europeo y defiende que la ACP brinde más liquidez al proyecto para que el consorcio de Sacyr termine la obra”.
El canal, seña de identidad.
Según comenta el columnista Nils Castro en el portal costarricense Con Nuestra América
del pasado martes 28, los dueños de Sacyr e Impregilo “están cometiendo
en nuestro país un error que les saldrá más caro de lo que se figuran,
al extorsionar a la Autoridad del Canal”. El periodista panameño apunta
al mal asesoramiento local y al del embajador español como fuentes del
error. Evidentemente pensaron, dice, que en medio de la bonanza
económica del país y del dispendio de dineros públicos por parte del
gobierno de Martinelli no habría problemas en cobrar sobrecostos por las
obras de ampliación.
“No se han dado cuenta –continúa– de lo que la empresa canalera significa para la sensibilidad de una nación que se formó como tal peleando este mismo pleito hace más de siglo y medio. Lamentablemente, la crisis de finales de los años 80, la invasión militar estadounidense en la Navidad de 1989 y el tsunami neoliberal que las siguió devastaron moralmente a la República, hasta el extremo de que su pueblo fue capaz de elegir un gobierno tan peculiar como el que ahora reina en el país. Pero, parafraseando la conocida advertencia de Omar Torrijos, no hay mal régimen que dure demasiado ni pueblo que se lo aguante”.
El analista apunta a los intentos de corromper a la Autoridad del Canal y a las amenazas proferidas por los españoles y sus acólitos. También dispara contra los derrotistas que en los medios asustan con los costos y los retrasos que ocasionaría rescindir el contrato con GUPC. “La Autoridad canalera está en capacidad de terminar la obra sin las demoras con las cuales los voceros (oficiales u oficiosos) del consorcio buscan intimidar a los panameños y al mercado naviero. En lo que a negociar se refiere, Panamá ya ha tenido éxito frente a contrapartes bastante más poderosas y en tiempos más difíciles (se refiere a la heroica negociación que el general Omar Torrijos llevó con el gobierno de James Carter, que culminó con el tratado de 1978 por el cual Panamá recuperó el Canal a partir de 1999). Si ahora la empresa canalera asume y concluye la obra bajo su propia responsabilidad, nuestro país volverá a ganar el renombre que antes ya obtuvo”.
Por su parte, Guillermo Castro H., asimismo en Con Nuestra América, coloca el problema en un contexto político más abarcador: “Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir un debate del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?”
“Quizás –concluye– ha llegado la hora de poner la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden. Para eso, habrá que empezar por preguntarse, si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos”.
La empresa española, involucrada en el escándalo por corrupción del Partido Popular conocido como “Caso Gürtel”, quedó dentro del consorcio GUPC en posición desventajosa ante su socia italiana Impregilo, también envuelta en los procesos por corrupción contra Berlusconi, que a su vez fue absorbida por Safini, la mayor constructora italiana. A principios de enero su representante dio declaraciones agresivas sobre la suspensión de los trabajos sin consultarlas con su socio español. En ese momento pareció que los italianos se adueñaban del consorcio. Sin embargo, los españoles llamaron en su ayuda a la Comisión Europea y a la aseguradora Zurich y desplazaron a sus competidores. Presionados por sus ingentes deudas y sus procesos necesitan empero mantener el control de las obras y recibir los pagos suplementarios requeridos. Para ello presionan y a la vez ofrecen coimas a las autoridades del Canal y al gobierno de Ricardo Martinelli.
Éste a su vez necesita llevar las obras a buen término, para respaldar la candidatura de su esposa a la Vicepresidencia de la República detrás del candidato oficialista contra las argumentaciones del Partido Panameñista del actual vicepresidente Juan C. Varela. Hasta aquí las maniobras politiqueras habituales de un país convertido en república bananera por la intromisión norteamericana, la corrupción y el narcotráfico. Del otro lado se alza empero crecientemente la voz múltiple de sindicatos, movimiento estudiantil, organizaciones indígenas y populares que quieren hacer del Canal un instrumento de desarrollo solidario y equitativo. El recuerdo de los héroes que en 1964 atacaron masivamente a los ocupantes norteamericanos para rescatar el Canal está vivo y alienta un fuerte movimiento subterráneo, porque el Canal no es una vía navegable. El Canal es Panamá.
“No se han dado cuenta –continúa– de lo que la empresa canalera significa para la sensibilidad de una nación que se formó como tal peleando este mismo pleito hace más de siglo y medio. Lamentablemente, la crisis de finales de los años 80, la invasión militar estadounidense en la Navidad de 1989 y el tsunami neoliberal que las siguió devastaron moralmente a la República, hasta el extremo de que su pueblo fue capaz de elegir un gobierno tan peculiar como el que ahora reina en el país. Pero, parafraseando la conocida advertencia de Omar Torrijos, no hay mal régimen que dure demasiado ni pueblo que se lo aguante”.
El analista apunta a los intentos de corromper a la Autoridad del Canal y a las amenazas proferidas por los españoles y sus acólitos. También dispara contra los derrotistas que en los medios asustan con los costos y los retrasos que ocasionaría rescindir el contrato con GUPC. “La Autoridad canalera está en capacidad de terminar la obra sin las demoras con las cuales los voceros (oficiales u oficiosos) del consorcio buscan intimidar a los panameños y al mercado naviero. En lo que a negociar se refiere, Panamá ya ha tenido éxito frente a contrapartes bastante más poderosas y en tiempos más difíciles (se refiere a la heroica negociación que el general Omar Torrijos llevó con el gobierno de James Carter, que culminó con el tratado de 1978 por el cual Panamá recuperó el Canal a partir de 1999). Si ahora la empresa canalera asume y concluye la obra bajo su propia responsabilidad, nuestro país volverá a ganar el renombre que antes ya obtuvo”.
Por su parte, Guillermo Castro H., asimismo en Con Nuestra América, coloca el problema en un contexto político más abarcador: “Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir un debate del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?”
“Quizás –concluye– ha llegado la hora de poner la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden. Para eso, habrá que empezar por preguntarse, si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos”.
La empresa española, involucrada en el escándalo por corrupción del Partido Popular conocido como “Caso Gürtel”, quedó dentro del consorcio GUPC en posición desventajosa ante su socia italiana Impregilo, también envuelta en los procesos por corrupción contra Berlusconi, que a su vez fue absorbida por Safini, la mayor constructora italiana. A principios de enero su representante dio declaraciones agresivas sobre la suspensión de los trabajos sin consultarlas con su socio español. En ese momento pareció que los italianos se adueñaban del consorcio. Sin embargo, los españoles llamaron en su ayuda a la Comisión Europea y a la aseguradora Zurich y desplazaron a sus competidores. Presionados por sus ingentes deudas y sus procesos necesitan empero mantener el control de las obras y recibir los pagos suplementarios requeridos. Para ello presionan y a la vez ofrecen coimas a las autoridades del Canal y al gobierno de Ricardo Martinelli.
Éste a su vez necesita llevar las obras a buen término, para respaldar la candidatura de su esposa a la Vicepresidencia de la República detrás del candidato oficialista contra las argumentaciones del Partido Panameñista del actual vicepresidente Juan C. Varela. Hasta aquí las maniobras politiqueras habituales de un país convertido en república bananera por la intromisión norteamericana, la corrupción y el narcotráfico. Del otro lado se alza empero crecientemente la voz múltiple de sindicatos, movimiento estudiantil, organizaciones indígenas y populares que quieren hacer del Canal un instrumento de desarrollo solidario y equitativo. El recuerdo de los héroes que en 1964 atacaron masivamente a los ocupantes norteamericanos para rescatar el Canal está vivo y alienta un fuerte movimiento subterráneo, porque el Canal no es una vía navegable. El Canal es Panamá.
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Eduardo J. Vior