El riesgo de la confianza
Año 6. Edición número 293. Domingo 29 de Diciembre de 2013
Pluna.
En declaraciones antes de la asunción de Mario Bergara como nuevo
ministro de Economía el jueves 26, el presidente José Mujica aseguró a
la prensa: “Soy responsable de una estrategia que fracasó”. Y continuó:
“Soy el responsable de la línea general, sin duda. Me hago cargo de
haber dado los lineamientos generales. No estaba al tanto de los
detalles finos de la instrumentación, como la forma en la que se otorgó
el aval. Es probable que en su momento haya habido otras propuestas de
salida al problema de Pluna que luego no prosperaron”, sostuvo Mujica en
una entrevista con el semanario Búsqueda.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, renunció a su cargo el viernes 20 al verse complicado con el escándalo de la quiebra de la aerolínea Pluna. El anuncio lo realizó el propio presidente José Mujica en una rueda de prensa, en la que no admitió preguntas. Sólo dijo que resignó su puesto “por propia iniciativa buscando facilitarle el camino a la Justicia”. El ex ministro se alejó de la función momentos antes de tener que comparecer ante el Poder Judicial por el papel que jugó en el proceso de quiebra de la aerolínea Pluna en 2012, una compañía que en su último ciclo fue propiedad compartida entre el Estado uruguayo y la compañía privada Leadgate, del empresario argentino Matías Campiani.
Poco antes de su clausura, el Estado despidió a Campiani y retomó el control total de la empresa. Luego la clausuró aduciendo que las fuertes pérdidas que arrojaba su operación la hacían inviable. El viernes 20 Lorenzo fue interrogado sobre el caso por la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos. El fiscal que interviene pidió que fuera procesado por el delito de “abuso de funciones”, pero los abogados del ministro saliente presentaron un recurso alegando que tal delito es inconstitucional, y el caso deberá ser dirimido ahora por la Suprema Corte de Justicia.
En igual situación se encuentra el presidente del estatal Banco República, Fernando Calloia. Ambos funcionarios son investigados respecto a diversas denuncias judiciales y políticas sobre irregularidades cometidas por el gobierno tras el cierre del Pluna. Las denuncias apuntan a las pérdidas económicas sufridas por el Estado y eventuales maniobras para beneficiar a empresas privadas que querían hacerse de la propiedad de la empresa mixta. La jueza De los Santos también interroga a Campiani, quien dirigió a Pluna en su última etapa operativa. El fiscal pidió que fuera procesado por el delito de “estafa’’.
Tras el cierre de la transportadora en julio de 2012, el Estado decidió subastar en octubre siguiente siete de los aviones de la aerolínea, para pagar parte de los 380 millones en deudas pendientes, pero hubo un solo ofertante: una persona que dijo representar a la empresa española Cosmo y que se adjudicó el remate con 137 millones de dólares.
Sin embargo, investigaciones periodísticas permitieron demostrar que el supuesto rematador, Hernán Antonio Calvo Sánchez, era una persona vinculada al empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de la empresa Buquebús, que domina el mercado de viajes entre Montevideo y Buenos Aires y con fuertes nexos con el mundo político uruguayo. Pocas horas después del remate, un fotógrafo del diario El Observador retrató en un restaurante, almorzando juntos, al supuesto rematador Calvo Sánchez, al ministro Lorenzo y a López Mena.
Tras el escándalo, la venta de los aviones no se concretó y desde entonces el Estado los mantiene a su costo, sin encontrar una solución definitiva para Pluna. Una ley de liquidación de la empresa impulsada por el oficialismo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Pluna fue fundada en 1936 como empresa privada. En 1951 fue estatizada, pero en 1991 comenzó su proceso de privatización progresiva. En base a esta decisión, en 1995 Pluna se asoció con Varig, creando una nueva empresa denominada Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. Por contrato, la gerencia quedó en manos de Varig. Dicho contrato era por 10 años y venció el 27 de junio de 2005. Esta asociación terminó arrojando resultados negativos para Pluna, debido a la pobre gestión y a la debacle financiera de Varig.
A partir del vencimiento del contrato de gerenciamiento con Varig, el gobierno uruguayo se abocó a la búsqueda de nuevos socios para la empresa, lo que concluyó el 4 de enero de 2007 en la asociación con Leadgate Investment –propiedad de Campiani–, el cual a través de Latin American Regional Aviation Holding Corporation quedó como socio mayoritario (75% del capital). En función del contrato firmado, el Estado uruguayo debió aportar unos 28 millones de dólares para dejar a la empresa con patrimonio positivo. Además, salió de garante de la compra de los nuevos aviones.
Tras varios años de pérdidas millonarias, el año 2009 cerró con un resultado operativo positivo de un millón de dólares y las temporadas 2009 y 2010 fueron las mejores de la historia de la aerolínea, con resultados operativos positivos de 5 y 6 millones de dólares, respectivamente. Para el 2010, la aerolínea anunció continuar su proceso de crecimiento.
No obstante, en abril de 2010 se anunció la venta del 33,33% del paquete accionario de Latin American Regional Aviation Holding Corporation (LARAH) al fondo de inversión canadiense Jazz Air Income Fund. La transacción supuso un desembolso de 15 millones de dólares condicionado al cumplimiento de ciertas acciones por parte del gobierno uruguayo, entre las cuales se encontraba el desembolso de otros 5 millones.
La sorpresa llegó dos años después, cuando mediante un comunicado de prensa el directorio de la aerolínea informó el 5 de julio del 2012 que Pluna suspendía indefinidamente sus operaciones debido a la situación económico-financiera de la empresa luego de la abrupta salida del inversor privado, Leadgate Investment. El 9 de julio el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que líquidaba Pluna debido a su situación de “insuficiencia patrimonial”, la imposibilidad de la aerolínea de acceder a la liquidez y la carencia de financiamiento. Sus aviones quedaron en el Aeropuerto de Carrasco y hoy están mantenidos por el Estado uruguayo.
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, renunció a su cargo el viernes 20 al verse complicado con el escándalo de la quiebra de la aerolínea Pluna. El anuncio lo realizó el propio presidente José Mujica en una rueda de prensa, en la que no admitió preguntas. Sólo dijo que resignó su puesto “por propia iniciativa buscando facilitarle el camino a la Justicia”. El ex ministro se alejó de la función momentos antes de tener que comparecer ante el Poder Judicial por el papel que jugó en el proceso de quiebra de la aerolínea Pluna en 2012, una compañía que en su último ciclo fue propiedad compartida entre el Estado uruguayo y la compañía privada Leadgate, del empresario argentino Matías Campiani.
Poco antes de su clausura, el Estado despidió a Campiani y retomó el control total de la empresa. Luego la clausuró aduciendo que las fuertes pérdidas que arrojaba su operación la hacían inviable. El viernes 20 Lorenzo fue interrogado sobre el caso por la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos. El fiscal que interviene pidió que fuera procesado por el delito de “abuso de funciones”, pero los abogados del ministro saliente presentaron un recurso alegando que tal delito es inconstitucional, y el caso deberá ser dirimido ahora por la Suprema Corte de Justicia.
En igual situación se encuentra el presidente del estatal Banco República, Fernando Calloia. Ambos funcionarios son investigados respecto a diversas denuncias judiciales y políticas sobre irregularidades cometidas por el gobierno tras el cierre del Pluna. Las denuncias apuntan a las pérdidas económicas sufridas por el Estado y eventuales maniobras para beneficiar a empresas privadas que querían hacerse de la propiedad de la empresa mixta. La jueza De los Santos también interroga a Campiani, quien dirigió a Pluna en su última etapa operativa. El fiscal pidió que fuera procesado por el delito de “estafa’’.
Tras el cierre de la transportadora en julio de 2012, el Estado decidió subastar en octubre siguiente siete de los aviones de la aerolínea, para pagar parte de los 380 millones en deudas pendientes, pero hubo un solo ofertante: una persona que dijo representar a la empresa española Cosmo y que se adjudicó el remate con 137 millones de dólares.
Sin embargo, investigaciones periodísticas permitieron demostrar que el supuesto rematador, Hernán Antonio Calvo Sánchez, era una persona vinculada al empresario argentino Juan Carlos López Mena, dueño de la empresa Buquebús, que domina el mercado de viajes entre Montevideo y Buenos Aires y con fuertes nexos con el mundo político uruguayo. Pocas horas después del remate, un fotógrafo del diario El Observador retrató en un restaurante, almorzando juntos, al supuesto rematador Calvo Sánchez, al ministro Lorenzo y a López Mena.
Tras el escándalo, la venta de los aviones no se concretó y desde entonces el Estado los mantiene a su costo, sin encontrar una solución definitiva para Pluna. Una ley de liquidación de la empresa impulsada por el oficialismo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Pluna fue fundada en 1936 como empresa privada. En 1951 fue estatizada, pero en 1991 comenzó su proceso de privatización progresiva. En base a esta decisión, en 1995 Pluna se asoció con Varig, creando una nueva empresa denominada Pluna Líneas Aéreas Uruguayas S.A. Por contrato, la gerencia quedó en manos de Varig. Dicho contrato era por 10 años y venció el 27 de junio de 2005. Esta asociación terminó arrojando resultados negativos para Pluna, debido a la pobre gestión y a la debacle financiera de Varig.
A partir del vencimiento del contrato de gerenciamiento con Varig, el gobierno uruguayo se abocó a la búsqueda de nuevos socios para la empresa, lo que concluyó el 4 de enero de 2007 en la asociación con Leadgate Investment –propiedad de Campiani–, el cual a través de Latin American Regional Aviation Holding Corporation quedó como socio mayoritario (75% del capital). En función del contrato firmado, el Estado uruguayo debió aportar unos 28 millones de dólares para dejar a la empresa con patrimonio positivo. Además, salió de garante de la compra de los nuevos aviones.
Tras varios años de pérdidas millonarias, el año 2009 cerró con un resultado operativo positivo de un millón de dólares y las temporadas 2009 y 2010 fueron las mejores de la historia de la aerolínea, con resultados operativos positivos de 5 y 6 millones de dólares, respectivamente. Para el 2010, la aerolínea anunció continuar su proceso de crecimiento.
No obstante, en abril de 2010 se anunció la venta del 33,33% del paquete accionario de Latin American Regional Aviation Holding Corporation (LARAH) al fondo de inversión canadiense Jazz Air Income Fund. La transacción supuso un desembolso de 15 millones de dólares condicionado al cumplimiento de ciertas acciones por parte del gobierno uruguayo, entre las cuales se encontraba el desembolso de otros 5 millones.
La sorpresa llegó dos años después, cuando mediante un comunicado de prensa el directorio de la aerolínea informó el 5 de julio del 2012 que Pluna suspendía indefinidamente sus operaciones debido a la situación económico-financiera de la empresa luego de la abrupta salida del inversor privado, Leadgate Investment. El 9 de julio el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que líquidaba Pluna debido a su situación de “insuficiencia patrimonial”, la imposibilidad de la aerolínea de acceder a la liquidez y la carencia de financiamiento. Sus aviones quedaron en el Aeropuerto de Carrasco y hoy están mantenidos por el Estado uruguayo.
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Eduardo J. Vior