domingo, 7 de julio de 2013

Tratan de frenar la reforma política democrática en Brasil

La restauración en marcha

Año 6. Edición número 268. Domingo 7 de julio de 2013
Mientras la elite brasileña trata de volver a la normalidad después de las movilizaciones de junio, Dilma Rousseff atiende los reclamos de la sociedad. 
 
"Infelizmente no es posible convocar el plebiscito antes de octubre, de modo que las elecciones de 2014 deberán realizarse con el sistema electoral actual”, dijo –palabra más o menos– el vicepresidente brasileño, Michel Temer (PMDB), el jueves al mediodía. Comentan observadores que los gritos que la presidenta Dilma Rousseff daba esa tarde durante su visita a Salvador podían oírse en Brasilia sin necesidad de teléfono.
En Brasil no se conoce el “no”. Todos los negocios, también los políticos o los académicos, se hacen con una sonrisa en los labios. Un “tudo bom” o un “OK” sellan el apretón de manos de despedida, pero ¡ay de quien se confíe en tanta amabilidad! A la primera de cambio, uno de los socios encontrará un acuerdo más conveniente y cuando su socio de otrora pregunte por el avance de lo convenido, la respuesta más habitual será “infelizmente no fue posible”.
En la década de 1940, en su maravilloso libro Raíces de Brasil, Sergio Buarque de Hollanda explicó cómo de la tradición cortesana de la Colonia y del Imperio surgió la imagen del “hombre cordial” como prototipo de las elites brasileñas. Nadie dice que no, entre los que mandan o aspiran a hacerlo no hay peleas definitivas, pero al trabajador y al “negrinho” se los desprecia y mandonea. Mucho ha cambiado gracias a Lula, pero los mundos de la política, las grandes empresas, las profesiones liberales y la academia cultivan con fruición los estilos pseudoaristocráticos de sus antepasados.
Todos los políticos, jueces y medios están a favor de la reforma política reclamada a los gritos por las masas que se movilizaron en junio. Nadie está en contra, pero todos intentan demostrar que “infelizmente” no puede hacerse tan rápido como quiere la presidenta.
Con su escueta declaración, el vicepresidente Temer confirmó al mediodía del jueves 4 que no habrá plebiscito antes de octubre y, por consiguiente, las elecciones presidenciales y legislativas de 2014 se realizarán con la legislación actual. Prometió por cierto que, entonces, la reforma comenzaría a regir en las elecciones municipales de 2016. Pero, ¿quién le cree?
La respuesta le llegó a velocidad digital desde Bahía, donde Dilma lanzaba un plan agrícola para el Nordeste: “Creo en la inteligencia, la sagacidad y la capacidad del pueblo brasileño para responder a las preguntas de un plebiscito sobre la reforma política y decidir cuál es el mejor camino para el país”, declaró taxativamente. “El pueblo siempre demostró, a lo largo de la Historia, que sus decisiones fueron acertadas. No creo que el pueblo no sea capaz de aprender porque las preguntas sobre la reforma política sean complicadas”, agregó.
Cuatro horas más tarde, Temer se retractó, aclarando que en su declaración sólo había “reproducido” la opinión de los líderes de los 17 partidos aliados del PT en el Congreso Nacional. Su vaivén refleja los conflictos que la presidenta tiene con sus aliados para impulsar las reformas demandadas en las protestas, en primer lugar con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), un elefante blanco parado desde hace décadas en la mitad del espectro político, lleno de caciques estaduales y municipales a cada cual más corrupto. Cuando se enteraron del acceso de furia de la mandataria, parlamentarios del PMDB opinaron que en un momento de baja simpatía en las encuestas la presidenta no podía exigirles demasiado. “¿Con su popularidad en baja va a desgastar todavía más la relación con nosotros? Lo dudo”, dijo un parlamentario no identificado.
Otro parlamentario del PMDB apostó a la “armonía” entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya que, argumentó, “faltan apenas dos firmas para que la oposición instale la Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre Petrobras”. “Y de las cinco reformas propuestas por la presidenta el lunes 24, nuestra bancada –continuó– rechazaría todas. Sólo pasaría la medida urgente que dispone ayudas especiales para ciudades afectadas por la sequía en el Nordeste. En el PMDB están convencidos de que los ministerios que el partido tiene “no sirven para tener influencia. Si hoy se reuniera la ejecutiva del partido, la mayoría votaría por renunciar a esas carteras”, dijo otro alto dirigente del PMDB.
La callada y cerrada resistencia de los aliados del PT se conjuga con la más ruidosa de la oposición. Es que hay mucho dinero en juego. En Brasil, los partidos políticos son débiles y los candidatos muy fuertes. Es el candidato el que, con generosas subvenciones empresarias en la mano, busca el partido de su conveniencia. La gran mayoría de los parlamentarios ha cambiado alguna vez de partido buscando más minutos en televisión o algún pacto parlamentario que mejore su situación y la de los intereses que representa. Por eso es que resisten una reforma que introduciría el financiamiento público de las campañas y fortalecería la autoridad de los partidos sobre sus representantes.
Las contradicciones del vicepresidente obligaron a la dirección del PT a cerrar filas públicamente con la presidenta. La Ejecutiva Nacional del PT reafirmó en su reunión del jueves a la tarde su total apoyo a Dilma, especialmente a las cinco reformas que propuso el martes al Congreso: sobre el financiamiento de las campañas electorales, la del sistema electoral para fortalecer a los partidos por sobre los candidatos, sobre el fin de los senadores suplentes que nadie conoce y muchas veces terminan ocupando las bancas, porque sus titulares pasaron a cargos ejecutivos, sobre la prohibición de las coaliciones electorales (que sólo tienen como fin sumar minutos de propaganda televisiva) y para acabar con el voto secreto en el Congreso. La más importante, empero, es la propuesta de convocatoria a un plebiscito, para que el pueblo decida rápido sobre la reforma política, de modo que algunas modificaciones ya rijan en las elecciones del año que viene.
Según el presidente nacional del PT, Rui Falcão, su partido va a trabajar para que el plebiscito sobre la reforma política se haga lo más rápido posible. “Nuestros esfuerzos se concentran en realizar el plebiscito. Es la forma más directa de afirmar la soberanía popular y la manera más adecuada para democratizar el Estado brasileño”, dijo el líder petista.
Además de la lucha por el plebiscito, Falcão informó que el partido va a continuar con la campaña por la reforma política y por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente exclusiva para debatir la reforma política. “Queremos ampliar los mecanismos de participación popular simplificando los mecanismos constitucionales respectivos”, afirmó.
Para retomar la iniciativa después de la tormenta del jueves, el viernes la presidenta mantuvo varias reuniones con directivos propios y aliados. Por la mañana se reunió con el presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB), y luego con el ministro de Justicia, José E. Cardozo. Después recibió a la directiva de la bancada del PT en la Cámara de Diputados en la que también hay resistencias contra el plebiscito. La próxima semana, el gobierno se reúne con los líderes aliados en el Senado para elaborar juntos el decreto legislativo (medida ejecutiva del Congreso para temas especiales) que convoca a la consulta popular.
Reforma o restauración. En los últimos días se registró una sensible disminución de las manifestaciones callejeras, mientras en el Congreso, la Justicia y los medios crece la resistencia pasiva a la realización del plebiscito. En este contexto, representantes de los movimientos de protesta, de sindicatos y partidos están realizando una serie de reuniones por todo el país, para discutir los cursos futuros. La tentativa de una rápida restauración de la normalidad por parte de los sectores conservadores del Congreso y en diferentes estados es evidente. Parece evidente también que sin alguna forma de organización a nivel nacional y de definición de una estrategia mínima de esos movimientos para la acción en común, son muy grandes las posibilidades de que la agenda conservadora prevalezca.
Uno de los pocos dirigentes políticos que viene advirtiendo contra la restauración conservadora luego de la explosión en las calles es el gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT). El miércoles pasado Tarso volvió a defender públicamente la necesidad de convocar a una constituyente exclusiva y lanzó, por medio del “Gabinete Digital” de su gobierno una consulta popular para recibir contribuciones de la población sobre la propuesta de reforma política. El gobierno de Rio Grande do Sul pretende recoger propuestas de la población y elaborar una lista de prioridades que será enviada al Congreso Nacional. Tarso Genro quiere entregar ese documento a la bancada federal de su estado todavía durante el mes de julio, para que lo presente en el Congreso. “Hay que devolver el poder constituyente al pueblo”, dijo el gobernador al convocar a la consulta.
Para el mandatario, el país vive una crisis política grave. “Hay un gran conjunto de propuestas en la calle sin una unidad mínima entre los manifestantes. Quien está contra todo, puede estar también contra nada. Es necesario devolver efectividad a la política y para eso hay que devolver la política al pueblo que es la fuente constituyente originaria. Tenemos también una crisis de representatividad que afecta diariamente a los representantes políticos y puede llevar a una crisis de la República”.
Tarso piensa que las movilizaciones callejeras ahora deben presionar al Congreso Nacional: “El parlamento perdió la confianza de la población”, afirmó. “Para que en uno o dos años no caigamos en una crisis aún más grave, tenemos que devolver el poder constituyente al pueblo, para que éste restablezca la efectividad y la dignidad de la política. El Congreso debe ser presionado, para que no haga una reforma política falluta, sino que vote una enmienda constitucional que instituya una cámara constituyente”, dijo.
Para Tarso, el futuro de los partidos políticos va a depender de su funcionamiento en la crisis actual y de su capacidad para incorporar el sistema de redes sociales surgidas en las movilizaciones a la formación de su propia opinión política y para escuchar lo que éstas dicen.
Claudir Nespolo, presidente de la central sindical CUT en el mismo estado gaúcho, acordó con el gobernador y reconoció que existe un profundo abismo entre el Estado brasileño y la sociedad. “Quien no lo comprenda, dijo, no va a hallar los caminos para superar la crisis. El pueblo está hasta las bolas de los privilegios, del toma y daca en los parlamentos, la formación de mayorías para gobernar que falsean los programas, la ayuda de vivienda para los jueces y los fiscales, su 15º salario anual y sus vacaciones de 60 días. El Congreso Nacional está cada vez más distante del día a día de la población. La mejor demostración de esto es que en el parlamento nadie percibió la dimensión del problema del transporte colectivo”.
Por su parte, el politólogo de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul Benedito Cesar comentó que “se está produciendo una contrarreforma”. El analista político defiende la incorporación de nuevas tecnologías comunicacionales al debate sobre la reforma política, que para él es la principal reformas que debe ser hecha en Brasil, para que el pueblo pueda participar directamente.
Para Marco Aurelio Ruediger, profesor de Políticas Públicas en la Fundación Getúlio Vargas (FGV) en Rio de Janeiro, las autoridades brasileñas en general se espantaron y desaparecieron de la escena durante las manifestaciones de las últimas semanas. Ruediger citó al gobernador Tarso Genro como una excepción, por haber tomado iniciativas que intentan dialogar con los demandantes. “El gran tema de este proceso es la cuestión de la confianza y de la legitimidad, evaluó. El pueblo no quiere una ciudadanía por la mitad”.
La presidenta ya dejó trascender que, si el Congreso no aprueba pronto la convocatoria a plebiscito en los términos solicitados por ella, convocará a una recolección de firmas en todo el país para presentar al Congreso un proyecto de ley de iniciativa popular (PIP) para la realización del plebiscito.
Entre tanto, a falta de convocatorias partidarias creíbles, los manifestantes siguen tomando las calles en números más pequeños, por temas específicos y sin coordinación. La masiva presencia de la Policía Militar en la puerta de la Red Globo de Televisión en la noche del jueves al viernes, no intimidó a los cerca de mil manifestantes que protestaban contra la concentración de los medios en Brasil. Por las redes sociales otras 20 mil personas asistieron a la transmisión de la Ninja TV (un canal alternativo de televisión por Internet) en el momento en que un cordón con cerca de 300 personas lacró los portones de la emisora, en el barrio Jardín Botánico, en la Zona Sur de la ex capital, en un acto simbólico por la cobranza de cerca de 500 millones de dólares por impuestos evadidos por la empresa de propiedad de la familia Marinho en una operación fraudulenta denunciada por el periodista Miguel do Rosário, editor del blog O Cafezinho (el cafecito).
El movimiento es un ejemplo del sinfín de iniciativas que, aunque ya existían, pudieron salir a la calle y ganar espacio público gracias a las masivas movilizaciones de junio pasado. Por supuesto que la concurrencia ya no es tan numerosa y que los grandes medios intentan silenciar estas acciones, mientras políticos de todos los partidos miran para el costado. Las elites brasileñas creen que ya está “tudo bom” y que pueden seguir con sus negocios como siempre, pero no escuchan los sordos ruidos que les llegan desde las profundidades de su sociedad. O encaran ahora las profundas reformas democratizadoras que el país necesita o la próxima explosión va a ser brutal.

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Eduardo J. Vior