En San Pablo fracasó la “tolerancia cero”
Año 6. Edición número 243. Domingo 13 de enero de 2013
En promedio, la PM paulista mata a una persona cada
16 horas. “Evidentemente
existe una política institucionalizada para matar. (...) Hay que
verificar qué pasó con las investigaciones sobre esas muertes”, dice el
presidente del Consejo de Defensa
de los Derechos de la Persona Humana de San Pablo, Iván Seixas.
Muchos turistas que visitan las Cataratas del Iguazú suelen pasar a
la paraguaya Ciudad del Este, para comprar todo tipo de artículos
importados con bajísimos aranceles por el vecino aeropuerto de Minga
Guazú, una de las estaciones de cargas aéreas más grandes del
continente. En las abarrotadas tiendas conviven en las vitrinas todo
tipo de mercaderías, también armas e inclusive de guerra. Quien compra
allí una ametralladora o un fusil de asalto puede encargar su envío a
domicilio en cualquiera de los países vecinos. Discretamente, pero con
seguridad, la recibirá a los pocos días sin costos adicionales.
El paulista Primer Comando de la Capital (PCC) y el carioca Comando Vermelho (CV, Comando Rojo), las mayores bandas criminales de Brasil, no se abastecen en esos shoppings, sino que importan las armas directamente desde Paraguay y Colombia hasta San Pablo y Río de Janeiro. La extensión de estas rutas expresa el tamaño de las redes criminales que cubren Brasil y se anudan en sus dos principales Estados. Del mismo modo el choque entre las estrategias para combatirlas tiene implicaciones para el conjunto de la política brasileña.
El Comando Vermelho fue fundado por Cândido Mendes en 1979 en la prisión de la Ilha Grande, para luchar contra la dictadura e incluía a convictos comunes y militantes de la Falange Roja. En los años ’90 fue la banda más poderosa de Río de Janeiro, pero se debilitó por la competencia de otros grupos, la muerte o la cárcel de sus dirigentes. No obstante, sigue controlando partes de la ciudad y ver las calles etiquetadas con un “CV” es común en muchas favelas de Río de Janeiro. Sus principales rivales son la banda Terceiro Comando Puro (TCP, Tercer Comando Puro) y Amigos dos Amigos (ADA, Amigos de los Amigos). El TCP surgió de la lucha de poder entre los líderes del Comando Vermelho durante la década de 1980.
El Primer Comando de la Capital (PCC), en tanto, surgió en 1993 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, para defender los derechos de los presos. Sus líderes, Marcos Camacho y Vulgo Marcola, purgan hoy largas condenas. A diferencia del CV, se organiza fundamentalmente desde las prisiones estaduales, donde sus miembros tienen gran libertad de movimientos y de comunicación para conectarse con el exterior. Además, los paulistas no tienen competidores.
Desde 2001, en el Estado de San Pablo (gobernado por el derechista Gerardo Alkmin) alternan épocas de calma con momentos de gran violencia en los que la Policía Militar rompe las treguas negociadas por las autoridades. Con esta política, entre enero y noviembre de 2012 policías militares paulistas mataron a 506 personas en encuentros clasificados como “resistencia seguida de muerte”. En promedio, la PM paulista mata a una persona cada 16 horas. “Evidentemente existe una política institucionalizada para matar. Es imposible que haya tantas personas dispuestas a morir en confrontaciones con la PM. Hay que verificar qué pasó con las investigaciones sobre esas muertes”, dice el presidente del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de San Pablo, Iván Seixas. Esta conducta de la policía generó la reacción de mandos menores del PCC, que en junio pasado lanzaron una ofensiva matando selectivamente a los responsables por las muertes de 2006, con lo que evidenciaron contar con información policial para identificarlos.
La situación se tranquilizó desde que en noviembre pasado (atendiendo a la alarma generalizada por los efectos de su política, inclusive entre los medios conservadores) Alkmin relevó al secretario de Seguridad Ferreira Pinto, responsable por la política de “tolerancia cero” aplicada desde 2009. No obstante, el pasado 28 de diciembre el exjefe del cuerpo de choque de la PM paulista, Paulo Telhada (electo en la capital del Estado concejal municipal por el PSDB con la quinta mayor votación) declaró que “en tres años el crimen organizado fue desestructurado. Entonces pasaron al todo o nada. Tengo miedo de que el PCC se convierta ahora en un partido político como las FARC”. El fantasma “narcoterrorista” sirve para asustar e inmovilizar a sus oponentes.
Según el especialista en seguridad pública Guaracy Mingardi, durante la gestión del exsecretario Ferreira Pinto se produjo un descontrol de la policía. El sociólogo Thadeu Brandão, en tanto, pone el acento sobre la política penitenciaria, en particular la paulista. “La prisión en Brasil siempre estuvo marcada por el color y el estrato social. La disminución de la criminalidad –añade– fue motorizada en San Pablo por una ola de encarcelamientos masivos.” “En 2000 –complementa su colega José Claudio Alves–, había en el Estado cerca de 92 mil presos. En 2010 ya eran 168 mil.” “Infelizmente –sigue Brandão–, el aumento de encarcelamientos genera a largo plazo un aumento de la criminalidad. Cuando el preso retorna a la sociedad es más ‘peligroso’ y en San Pablo, además, se asocia al PCC.”
“Si las prisiones no son efectivas –continúa–, ¿cuál es el razonamiento del policía? Ejecutar al ‘enemigo’. Esa lógica militar sustituye a la lógica investigativa y de aprehensión/prisión. Al mismo tiempo, los enfrentamientos recrudecen en años electorales. No es casual.”
El especialista señala algunas soluciones posibles: traslado de los cabecillas a prisiones federales, que tienen buenas condiciones edilicias y personal profesionalizado; atender los reclamos de los presos por mejores condiciones de habitabilidad; prestar más atención a las tareas de inteligencia; sustituir en la calle a la Policía Militar por la Civil; dar mejor atención a las familias de los presos, y, finalmente, modificar la administración de Justicia, disminuyendo la cantidad de delitos sancionados con prisión, facilitando el acceso a defensa, haciendo más transparentes los procesos penales y combatiendo el racismo del personal judicial. Se trata de un proyecto de reformas amplias para subsanar el desastre causado por la política del Estado paulista.
El paulista Primer Comando de la Capital (PCC) y el carioca Comando Vermelho (CV, Comando Rojo), las mayores bandas criminales de Brasil, no se abastecen en esos shoppings, sino que importan las armas directamente desde Paraguay y Colombia hasta San Pablo y Río de Janeiro. La extensión de estas rutas expresa el tamaño de las redes criminales que cubren Brasil y se anudan en sus dos principales Estados. Del mismo modo el choque entre las estrategias para combatirlas tiene implicaciones para el conjunto de la política brasileña.
El Comando Vermelho fue fundado por Cândido Mendes en 1979 en la prisión de la Ilha Grande, para luchar contra la dictadura e incluía a convictos comunes y militantes de la Falange Roja. En los años ’90 fue la banda más poderosa de Río de Janeiro, pero se debilitó por la competencia de otros grupos, la muerte o la cárcel de sus dirigentes. No obstante, sigue controlando partes de la ciudad y ver las calles etiquetadas con un “CV” es común en muchas favelas de Río de Janeiro. Sus principales rivales son la banda Terceiro Comando Puro (TCP, Tercer Comando Puro) y Amigos dos Amigos (ADA, Amigos de los Amigos). El TCP surgió de la lucha de poder entre los líderes del Comando Vermelho durante la década de 1980.
El Primer Comando de la Capital (PCC), en tanto, surgió en 1993 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, para defender los derechos de los presos. Sus líderes, Marcos Camacho y Vulgo Marcola, purgan hoy largas condenas. A diferencia del CV, se organiza fundamentalmente desde las prisiones estaduales, donde sus miembros tienen gran libertad de movimientos y de comunicación para conectarse con el exterior. Además, los paulistas no tienen competidores.
Desde 2001, en el Estado de San Pablo (gobernado por el derechista Gerardo Alkmin) alternan épocas de calma con momentos de gran violencia en los que la Policía Militar rompe las treguas negociadas por las autoridades. Con esta política, entre enero y noviembre de 2012 policías militares paulistas mataron a 506 personas en encuentros clasificados como “resistencia seguida de muerte”. En promedio, la PM paulista mata a una persona cada 16 horas. “Evidentemente existe una política institucionalizada para matar. Es imposible que haya tantas personas dispuestas a morir en confrontaciones con la PM. Hay que verificar qué pasó con las investigaciones sobre esas muertes”, dice el presidente del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de San Pablo, Iván Seixas. Esta conducta de la policía generó la reacción de mandos menores del PCC, que en junio pasado lanzaron una ofensiva matando selectivamente a los responsables por las muertes de 2006, con lo que evidenciaron contar con información policial para identificarlos.
La situación se tranquilizó desde que en noviembre pasado (atendiendo a la alarma generalizada por los efectos de su política, inclusive entre los medios conservadores) Alkmin relevó al secretario de Seguridad Ferreira Pinto, responsable por la política de “tolerancia cero” aplicada desde 2009. No obstante, el pasado 28 de diciembre el exjefe del cuerpo de choque de la PM paulista, Paulo Telhada (electo en la capital del Estado concejal municipal por el PSDB con la quinta mayor votación) declaró que “en tres años el crimen organizado fue desestructurado. Entonces pasaron al todo o nada. Tengo miedo de que el PCC se convierta ahora en un partido político como las FARC”. El fantasma “narcoterrorista” sirve para asustar e inmovilizar a sus oponentes.
Según el especialista en seguridad pública Guaracy Mingardi, durante la gestión del exsecretario Ferreira Pinto se produjo un descontrol de la policía. El sociólogo Thadeu Brandão, en tanto, pone el acento sobre la política penitenciaria, en particular la paulista. “La prisión en Brasil siempre estuvo marcada por el color y el estrato social. La disminución de la criminalidad –añade– fue motorizada en San Pablo por una ola de encarcelamientos masivos.” “En 2000 –complementa su colega José Claudio Alves–, había en el Estado cerca de 92 mil presos. En 2010 ya eran 168 mil.” “Infelizmente –sigue Brandão–, el aumento de encarcelamientos genera a largo plazo un aumento de la criminalidad. Cuando el preso retorna a la sociedad es más ‘peligroso’ y en San Pablo, además, se asocia al PCC.”
“Si las prisiones no son efectivas –continúa–, ¿cuál es el razonamiento del policía? Ejecutar al ‘enemigo’. Esa lógica militar sustituye a la lógica investigativa y de aprehensión/prisión. Al mismo tiempo, los enfrentamientos recrudecen en años electorales. No es casual.”
El especialista señala algunas soluciones posibles: traslado de los cabecillas a prisiones federales, que tienen buenas condiciones edilicias y personal profesionalizado; atender los reclamos de los presos por mejores condiciones de habitabilidad; prestar más atención a las tareas de inteligencia; sustituir en la calle a la Policía Militar por la Civil; dar mejor atención a las familias de los presos, y, finalmente, modificar la administración de Justicia, disminuyendo la cantidad de delitos sancionados con prisión, facilitando el acceso a defensa, haciendo más transparentes los procesos penales y combatiendo el racismo del personal judicial. Se trata de un proyecto de reformas amplias para subsanar el desastre causado por la política del Estado paulista.
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Eduardo J. Vior